La Agenda del Agua 2030 busca ser un elemento útil para consolidar de manera definitiva el despliegue de una política de sustentabilidad en materia hídrica.
Durante gran parte del siglo XX, la política hídrica mexicana estuvo orientada al incremento de la oferta. Sin embargo, en la década de los 80, ante las claras señales de agotamiento de este modelo, progresivamente se pasó a una orientación centrada en tratar de satisfacer los requerimientos hídricos del país, mediante un mejor control de la demanda.
Aunque en gran medida tales políticas proporcionaron una respuesta eficaz a los requerimientos hídricos del país, lamentablemente también heredaron problemas graves, como una creciente sobreexplotación de acuíferos, contaminación de cuerpos de aguas superficiales y subterráneas, pobre calidad en los servicios de agua potable y gran vulnerabilidad a las inundaciones en diversas poblaciones del país.
Esta realidad ha propiciado que en estas primeras décadas del siglo XXI, la política hídrica mexicana esté adoptando la sustentabilidad como su enfoque central. Signos de esta nueva orientación son el crecimiento de las inversiones en plantas de tratamiento de aguas residuales, en la sustitución de fuentes de suministro y en la modernización tecnológica de los sistemas de riego agrícola, incluyendo la definición de políticas optimas de operación de presas y el redimensionamiento de los distritos de riego, así como el desarrollo de normas sobre el caudal ecológico y los estudios sobre el impacto del cambio climático y la mitigación de sus efectos.
Problemática
La desigual disponibilidad del agua en el territorio nacional, la dinámica poblacional, el desarrollo de las actividades económicas, los asentamientos urbanos desordenados, la degradación de las cuencas, la sobreexplotación de los acuíferos y los efectos de las sequías e inundaciones, constituyen la problemática principal del sector hídrico en México, cuya tendencia a futuro pone en riesgo la sustentabilidad de los recursos hídricos.
Tenemos un problema de variación temporal y espacial de la lluvia y por consiguiente también del agua que podemos utilizar sustentablemente para los diversos usos. La mayor parte de la lluvia se presenta entre los meses de junio y septiembre, estos promedios nacionales ocultan grandes diferencias regionales, ya que estados como Baja California, recibe una precipitación de apenas 176 milímetros anuales, mientras que Tabasco recibe más de 2,100 milímetros, lo cual genera problemas de escasez en algunas regiones y exceso e inundaciones en otras.
El país presenta desequilibrio entre disponibilidad hídrica y demanda. El 77% de la población nacional se concentra en las regiones donde se cuenta solo con el 31% de la disponibilidad natural media. Otro de los grandes retos que tiene México consiste en recuperar la calidad del agua de ríos y lagos, ya que gran parte del agua superficial presenta algún grado de contaminación.
Qué es la Agenda del Agua 2030
Una estrategia de largo plazo, cuyos avances deberán ser revisados anualmente y sus resultados e impactos habrán de ser valorados cada seis años
Busca en un lapso de veinte años conseguir 4 puntos fundamentales:
Prioriza las líneas de acción que es necesario desplegar para tal efecto. Finalmente identifica los cambios que es necesario generar en el entorno institucional para dar viabilidad a cada uno de sus componentes. Cambios estratégicos en tópicos como organización institucional, planeación, legislación, reglamentación, financiamiento, educación, capacitación y otros de similar naturaleza son abordados.
1)Cuencas en equilibrio
El país presenta un desequilibrio entre disponibilidad hídrica y demanda, existen cuencas donde se utiliza un bajo porcentaje del agua total disponible, y otras en que utiliza más del 100%.
Los principales retos se presentan en las cuencas de los ríos Lerma y Bravo, donde existen células en que la brecha prevista no podrá cerrarse sin recurrir a trasvases o a reducir la extracción de agua para riego.
Resaltamos las siguientes iniciativas y acciones:
Iniciativa 1. Dar un papel más relevante a los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS) en la gestión de los acuíferos.
a) Reforzar jurídicamente su intervención en actividades de vigilancia y control del acuífero
b) Capacitar a sus integrantes para intervenir en la gestión y ordenamiento de la explotación del acuífero
c) Desarrollar sistemas de información sobre la dinámica del acuífero y el conocimiento de extracciones y recargas
d) Asegurar su operación financiera mediante algún procedimiento legalmente obligatorio vinculado a las extracciones y a los usuarios
Iniciativa 5. Formular reglamentos para la distribución de las aguas superficiales por cuenca y subterráneas por acuífero.
La búsqueda de la sustentabilidad de las cuencas y los acuíferos pasa por mantener o restaurar en el mediano y largo plazos, el equilibrio entre las disponibilidades y la explotación de las aguas, tanto corrientes como almacenadas en presas, lagos, lagunas y otros vasos y acuíferos.
En el caso de los acuíferos, es igualmente importante reglamentar las extracciones para conciliarlas con las recargas y colocarse en la posibilidad de mantener el equilibrio hidrológico sin afectar los ecosistemas y la capacidad de sostener el desarrollo económico regional. La recarga artificial de acuíferos constituye una acción clave para el propósito revertir su sobrexplotación y de buscar el equilibrio.
2) Ríos limpios
Lograr que todos los arroyos, ríos y cuerpos de agua del país recuperen la salud de los ecosistemas y biodiversidad naturales, aporten sus caudales para satisfacer las necesidades de la población y el crecimiento económico y contribuyendo a la calidad de vida de la población. Para lo cual es necesario que se mantengan limpios de basuras, sin descargas de aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas que los contaminen y afecten más allá de su capacidad natural de asimilación y dilución. También es necesario que sus cauces y zonas federales estén libres de asentamientos humanos y de construcciones que alteran los flujos de agua y aumentan los riesgos para las personas y sus bienes cuando ocurren lluvias torrenciales.
Se requieren políticas y programas eficaces y bien orientados hacia los actores que generan la contaminación y que deben responsabilizarse de evitarla o corregirla mediante los tratamientos o cambios necesarios en sus sistemas de producción.
En 2010, a nivel nacional se colectaron mediante los sistemas de alcantarillado el 89.9% de las aguas residuales generadas y reciben tratamiento el 43.4% de las aguas residuales colectadas.
Para lograr ríos limpios en todo el territorio nacional se necesitará garantizar que las aguas residuales descargadas a los cuerpos receptores cumplan con los niveles de calidad definidos en el marco jurídico aplicable, diseñar acciones que reduzcan la contaminación generada por fuentes difusas como los retornos agrícolas, y mantener los cauces libres de basura.
Con la infraestructura existente en 2010, se trataron 2.857 miles de millones de metros cúbicos anuales de aguas residuales municipales, equivalente al 43.4% de las aguas residuales colectadas, estimándose que para el año 2012 esta cobertura se ampliará a 3.973 miles de millones de metros cúbicos, el 60% de aguas residuales colectadas.
Resaltamos las siguientes iniciativas y acciones:
Iniciativa 7. Reforzar los mecanismos institucionales disponibles para desincentivar las conductas contaminantes de los diversos usuarios.
En general, para prevenir y en su caso para sancionar a los responsables de la contaminación del agua, la autoridad dispone de tres tipos de instrumentos regulatorios: controles directos, estímulos o desestímulos económicos, y de información y vigilancia social.
Iniciativa 8. Desarrollar una normatividad específica para la evaluación, monitoreo y control de la contaminación difusa.
a) Crear el Programa Nacional de Control de Fuentes Difusas de Contaminación de Suelo y Agua que fomente las mejores prácticas de manejo de fertilizantes, plaguicidas y suelos.
b) Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de la contaminación difusa del agua en cada cuenca, otorgando prioridad a las zonas próximas a ríos o almacenamientos de agua en los que se observe la presencia de contaminaciones típicamente producidas por fertilizantes o pesticidas.
c) Con la intervención del Instituto Nacional de Ecología, la SAGARPA, y las entidades gubernamentales que correspondan, desarrollar la normatividad específica y las medidas de fomento para la regulación y control de las fuentes de contaminación difusa.
3) Cobertura Universal
Actualmente 91.3% de la población tiene servicio de agua potable y 89.9% tiene cobertura de alcantarillado. Considerando la cobertura actual y el crecimiento poblacional, el reto en materia de agua potable será incorporar a 36.8 millones de habitantes a la cobertura de agua potable y 40.5 millones a la de alcantarillado.
Resaltamos la siguiente iniciativa:
Iniciativa 12. Fomentar que la definición de tarifas de agua siga criterios técnicos y se desvincule de los aspectos políticos.
Se pretende, y varias leyes locales ya lo consideran, la autosuficiencia en la prestación de los servicios a través de tarifas reales. Sin embargo, no existe el consenso entre sectores, partidos políticos, gobierno y sociedad, de aceptar el costo real de los servicios, de actualizarlos periódicamente y reflejar sus incrementos en las tarifas, y de separar ambos (costos y tarifas) de vaivenes e intereses políticos coyunturales.
Ello ha conducido a que los servicios de agua potable y alcantarillado para la mayoría de los municipios del país sean una carga económica y política.
4) Asentamientos seguros frente a inundaciones catastróficas
Históricamente las inundaciones han afectado principalmente a las regiones hidrológico-administrativas Valle de México y Frontera Sur. Entre 1980 y 2007, los fenómenos hidrometeorológicos afectaron a más de 8 millones de personas y ocasionaron daños económicos superiores a los 130 mil millones de pesos. En este periodo, los ciclones Stan e Isidore fueron los que afectaron a mayor número de personas afectadas, mientras Emily, Stan y Gilbert, ocasionaron los mayores daños económicos.
Sin embargo, en diversas regiones de México se han presentado daños debido a los temporales. Por ejemplo, los huracanes ocurridos en 2010, tales como, Alex, Karl y Mathew, afectaron a 118 municipios de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca; 138 municipios de los estados de Campeche, Puebla y Veracruz; y 56 municipios de los estados de Chiapas y Oaxaca, respectivamente. Los daños y pérdidas económicas que provocaron ascendieron a 84.145 miles de millones de pesos.
La carencia de efectividad en materia de ordenamiento territorial es quizás, el problema de mayor relevancia y la causa principal de la vulnerabilidad de una gran parte del país ante fenómenos como los huracanes y las lluvias torrenciales; de la pérdida de recursos naturales, de la ocupación indebida del suelo o de su urbanización sin planeación; y de la generación de conflictos sociales e insalubridad que se observa en muchas ciudades y pueblos. Sin embargo, el deficiente ordenamiento de la ocupación del territorio no es resultado de una sola causa, sino consecuencia de un intricado conjunto de factores políticos, económicos y sociales, lo que dificulta su adecuada comprensión y su eficaz solución.
Para tratar de mitigar los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos, se contemplan distintos tipos de inversiones en el país, que se aplican básicamente en dos conceptos: construcción de drenaje pluvial (47%) y control de avenidas (45%).
Iniciativas que queremos resaltar:
Iniciativa 14. Crear la Secretaría del Ordenamiento Territorial que instrumente una estrategia a largo plazo.
Actualmente las atribuciones de planeación territorial están dispersas entre los tres órdenes de gobierno y dentro del propio gobierno federal. El resultado es sumamente insatisfactorio y las consecuencias son graves; una de ellas es la gran vulnerabilidad a inundaciones de numerosos asentamientos humanos en el país, particularmente en las zonas de alto riesgo que no están debidamente delimitadas y demarcadas sobre todo ante escenarios de Cambio Climático.
Iniciativa 15. Hacer obligatorio e implantar gradualmente un Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio en todos los municipios del país, y extender sus alcances a las áreas urbanas.
Iniciativa 18. Incrementar las inversiones en generación de mapas de riesgo de inundaciones; delimitación y demarcación de cauces, zonas federales y zonas inundables; construcción de infraestructura de protección, y mantenimiento y custodia de la infraestructura hidráulica existente.
Adquiere particular importancia la protección de las poblaciones ribereñas por su vulnerabilidad ante graves inundaciones, la desocupación de los cauces y zonas federales actualmente ocupados por asentamientos humanos y la prevención de su no ocupación posterior, las inversiones en la delimitación y demarcación de cauces, zonas federales y zonas inundables, el mantenimiento y custodia de estos bienes y de las infraestructuras construidas en ellos, porque son, junto con los mapas de riesgos, el punto de partida de todos los planes de contingencia y prevención de desastres.
Iniciativa 20. Consolidar los servicios hidrológicos regionales y nacionales.
Un rubro significativo para la eficaz gestión del agua y para la prevención de los fenómenos meteorológicos extremos son las mediciones de las variables del ciclo hidrológico y la determinación de las disponibilidades, balances de agua y calidad de las aguas superficiales y subterráneas, para lo cual, las redes de monitoreo deben ser modernizadas y los datos puestos a disposición de los interesados.
Iniciativa 23. Crear una instancia que garantice la suficiencia presupuestal y su uso expedito en materia de estudios y proyectos, de modo que se integre una cartera robusta y estratégica.
La insuficiencia de proyectos es un problema no resuelto en la gestión del agua que trae consecuencias serias como: el proceso de inversión se distorsiona y se vuelve ineficaz porque se interrumpe o se retrasa durante meses o incluso años; se dificulta cumplir el ejercicio de los presupuestos gubernamentales dentro del año fiscal; las obras se encarecen al construirse con malos proyectos o con proyectos elaborados apresuradamente que en suma en nada ayudan a conducir un proceso ordenado de planeación.
Iniciativa 34. Propiciar que la comunidad científica y tecnológica contribuya de forma crecientemente efectiva a la formulación y despliegue de la política de sustentabilidad hídrica.
Deben diseñarse mecanismos institucionales de asignación de recursos que incentiven los esfuerzos de la Academia y de la iniciativa privada y su orientación hacia las líneas prioritarias de investigación y desarrollo.
Iniciativa 35. Desarrollar sistemas regionales de información para reforzar la gestión del agua por cuenca y acuífero.
Sin información oportuna, confiable y fácilmente accesible se dificultan, tanto los procesos de planeación y evaluación, como los de consulta, opinión y decisión que contribuyen a una gestión integrada del recurso hídrico en cada una de las cuencas y acuíferos del país.
Iniciativa 38. Crear el Fondo Contingente de Adaptación al Cambio Climático.
Establecer a la brevedad un fondo contingente que mejore nuestra capacidad de respuesta para acometer de forma efectiva sustituciones o grandes modificaciones a los sistemas de suministro de agua, al manejo de sequías o a los sistemas de protección contra inundaciones, que el cambio en los patrones de precipitación e insolación podrían provocar.
Fuente: Agenda del Agua 2030 – CONAGUA Ver documento en PDF
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