El agua es un elemento fundamental para casi todos los procesos de la naturaleza y un recurso indispensable para las actividades humanas, desde lo más básico como quitar la sed, cultivar alimentos y sanidad; hasta la producción de bienes, minería, e incluso para el lujo de lanzarse a una piscina. Sin embargo, el agua se sigue considerando un recurso infinito y barato, y en muchos casos se desperdicia y se gestiona de forma inadecuada (desde los hogares, hasta las ciudades y países).

México representa un caso paradójico de gestión del agua. Durante los últimos 70 años, el país perdió más de la cuarta parte de las reservas de agua que tenía (Conagua, 2014). Más allá de que seamos un país semi-árido que se encuentra en la línea de los grandes desiertos, la grave disminución de las reservas de agua se debe en gran parte a una mala gestión del recurso. En los últimos 12 años, los gobiernos en turno han declarado al agua como una prioridad de seguridad nacional, aunque sus programas públicos y políticas hicieron poco para cuidar el recurso.

 

Como señala el ‘think tank’ Ethos en su estudio recientemente publicado “La corrupción en el sector agua. ¿Quién es responsable de la crisis?”, el mal manejo de este recurso indispensable está manchado por la negligencia de las autoridades y en muchos casos porque están ateniendo más los intereses particulares que los de la sociedad.

En el documento se identificaron 6 áreas claras de riesgo de corrupción que están afectando la disposición y calidad del agua, así como poniendo en grave riesgo la salud pública:

1- Mala información: en materia de agua no hay medición ni análisis reales de la información, además de que no está actualizada. Se ofrecen pocos datos, de mala calidad e incompletos. A parte de que no hay información clara de las concesiones y registro de consumos de agua.

2- Sobre concesión: Se dan permisos para extraer agua en donde existen vedas o donde se sabe que las reservas están en peligro. Se otorgaron 77 concesiones de extracción en zonas en donde se sabe que los acuíferos están secos. No se da prioridad al consumo humano, las concesiones y transmisiones privilegian interesas privados.

3- Descargas contaminantes sin control: No existe un verdadero control de las descargas de aguas negras ni por parte de los municipios ni de las industrias, las exigencias de tratamiento son muy laxas y no cuentan con un sistema de control adecuado. La contaminación se deja pasar, existe una muy baja o nula supervisión por parte de Conagua que sólo cuenta con 149 supervisores acreditados. Está situación está provocando que uno de cada 2 acuíferos se encuentre contaminado, así como 3/5 de los cuerpos de agua del país. En algunos casos los inspectores diluyen las muestras, por corrupción y así bajan el monto de multa. El que puede evade cumplir con la normatividad y las empresas prefieren pagar las multas en vez de solucionar el problema.

 

4- Organismos operadores de agua: Las malas prácticas de los organismos encargados de suministrar el agua a los municipios, así como de manejar sus aguas negras, presentan varias irregularidades que van desde los contratos otorgados que incumplen los procesos de licitación, hasta la selección de personal no capacitado, se contrata a amigos o familiares. La corrupción se ve en todos los niveles e involucra a actores políticos, económicos y sociales. En algunos municipios llegan a pedir sobornos para ofrecer servicios básicos, según intereses propios o políticos, deciden a quien suministran agua y a quien no.

Por otra parte, los organismos operadores están cada vez más debilitados, con menos presupuestos y con personal que tiene menos capacidades. Situación que esta llevando a las instituciones presenten poca credibilidad por el servicio que proporciona, no ofrecen estándares de calidad en el suministro del agua, y los usuarios no puede exigir, por lo cual prefieren comprar agua embotellada.

5- Tomas clandestinas: en muchos casos, los servidores públicos permiten extracción y venta ilegal de agua. Se presenta muy poca inspección y no existe castigo a quienes extraen agua de forma ilegal. Se identificaron 2,280 pozos ilegales entre el periodo 2012-2018.

6- Obras: se aprueban, concursan y realizan proyectos sin planeación. Lo que está provocando que los proyectos tarden más tiempo, salgan más caros y en muchas ocasiones no resuelvan las necesidades de la población. Se identificaron irregularidades en la contratación, ejecución y supervisión. Los proyectos están mal licitados no hay claridad de quién gana ni justificación escrita de por qué fue seleccionado, en algunos casos se otorgan sin concurso y sin ninguna explicación. También se identificaron proyectos en donde se registró un doble pago por el mismo trabajo, a veces ya está cubierto o se da dinero por cosas que no se surten. Además, se identificaron casos en los cuales se diseñan y ejecutan obras en beneficio de las operaciones de intereses particulares y corporativos más que a favor de la comunidad.

Al final el sector del agua está inmerso en un sistema que incentiva la corrupción y que tiene muy poca capacidad de hacer cumplir la ley, además de no estar gestionando de forma de adecuada este recurso indispensable, presenta enormes pérdidas económicas por causa de la corrupción. El estudio señala que entre el 25-35% del presupuesto Conagua 2017 se fue en corrupción. El mejor ejemplo es el actual edificio del organismo, que tiene los últimos pisos quemados desde hace varios meses, nadie habló del asunto, ni se inició una investigación para determinar los responsables y las causas del incendio, seguramente información valiosa quedó entre las cenizas.

En el estudio presentado por Ethos también se identificaron causas claras de la corrupción:

Falta de supervisión: y no se castigan las malas prácticas. El presupuesto en el sector agua se ha venido reduciendo año tras año, en el último sexenio se le redujo el presupuesto a la Conagua en un 53% y cada vez se reduce más el número de supervisores capacitados.

Vacíos legales: Como explicó la experta en normativa ambiental Anai Velazco de Cemda, el marco legal existente para el medio ambiente es laxo, defectuoso y corrupto, formado por una serie de normas poco claras y ambiguas, que no se aplican ni castigan. Los intereses particulares y grupos de poder aprovechan los huecos legales existente y generalmente se ven favorecidos. Se requiere la construcción de un nuevo marco regulatorio que impulse una aplicación efectiva de la ley ambiental. Con un sistema de fracciones y sanciones sólido y bien articulado. Un marco jurídico que realmente promueva y permita la aplicación de una justicia hídrica.

Opacidad: Empezando porque no existe una verdadera accesibilidad a la información, no está abierta y en muchos casos ni existen los datos. Además, la escasa la información que se presenta está incompleta, con errores y atrasada. Por otra parte, los datos no son concretos, son incongruentes e insuficientes y no están georreferenciados.

Por último, el estudio presentó una serie de soluciones que se deben aplicar y las cuales debemos participar:

• Transparencia: acceso a información clara, completa y actualizada. Trasparentar en que se aplican los presupuestos por medio de un formato accesible y que esté disponible en línea para su consulta. Con esto se podrá seguir y garantizar que los recursos lleguen a donde debe ser.

• Rendición de cuentas: vigilancia y castigo para quien viole la ley. Las autoridades que reciben la queja y en teoría deben actuar para resolver la situación también están corruptas. Se presentan varios casos de Inversiones desviadas y no justificadas.

• Participación: sociedad involucrada que revise, denuncie y exija. Es responsabilidad de todos romper con estas malas prácticas sistémicas que van invadiendo todos los sectores y en todas las escalas. La propuesta de nueva Ley de Aguas que se está elaborando puede ser un buen punto de partida.

Al final nosotros los usuarios somos los que estamos pagando el alto precio de esta mala gestión, en nuestro día a día: pagamos el agua al municipio por un servicio regular, a las embotelladoras por el suministro del agua potable, a las pipas cuando no recibimos una gota de la red y en algunos casos mordidas para evitar multas o para acceder al suministro. Situación que está provocando que cada vez haya un deterioro mayor en la calidad del servicio, así como en la infraestructura de distribución de agua y drenaje, porque no existe una recaudación adecuada, y no se cuenta con las capacidades operativas, ni se le da el mantenimiento adecuado a la infraestructura existente.

Lo peor es que el alto costo de la gestión del agua se lo estamos heredando a las generaciones futuras, que ven día a día como los pozos que les suministran agua potable se secan y sobre explotan, mientras que en los ríos circula agua cada vez más contaminada y con altos grados de toxicidad que está generando un grave problema de la salud pública. Mientras que seguimos pagando botellones, somo el país que más consume agua embotellada, e incrementan las protestas por falta de agua en las principales ciudades y en la noche las pipas de agua recorren la ciudad.